https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/01/13/61def145e4d4d8e07d8b45bb.html

La farmacia es una empresa privada, aparte de ser una concesión pública.

Esto la obliga a la dispensación de medicamentos y productos sanitarios financiados por la Seguridad Social y a colaborar en las campañas sanitarias informativas, impulsadas por la administración, entre otras muchas cosas.

No es un monopolio, es una concesión administrativa, repito.

Lo es porque la iniciativa privada suele ser el modo más eficiente de prestación de ciertos servicios y llegar a toda la población, ahorrando una ingente cantidad de impuestos al contribuyente si el mismo nivel de servicio lo tuviera que prestar el Estado.

Pero la Administración a veces abusa de esa obligación de colaboración.

Un ejemplo.

El reparto de mascarillas y tests gratuitos en Madrid.

No hablaremos del lucro cesante de la media hora que les duraban los 54 tests que llegaban a las farmacias a diario. Pero si del coste de personal de estos repartos, que asumen por obligación si, pero tambien por un altisimo sentido del servicio público que tienen los farmacéuticos. Que no han dejado nunca de ser sanitarios, por cierto.

Veamos.

Un farmacéutico adjunto tiene un coste, por hora de trabajo, de poco más de 14 €. Éste es el coste del reparto gratuito en dos puestos de venta en una farmacia, en un día.  Si se supone un mes de duración de la acción, implica un importe de unos 430 €. Para todas las farmacias de Madrid va a suponer un coste de unos 900.000€.

Dupliquenlo por la acciones  de hace un año de las mascarillas. 1,8 Mill.€.

Que han pagado los titulares, porque es SU personal.

Dirán que, ya que van por el test compran otros productos. Cierto. Los hemos contado. El 3,45% de los clientes se han llevado algún medicamento en una de nuestras farmacias. Suponemos que será parecido en general.

La gente va a por lo que le dan gratis. A precio cero, demanda infinita dicen los economistas. Pues eso ha pasado…          a costa del tiempo y el dinero de las farmacias.

El artículo  de hoy es un paso en la línea correcta.

Lo que hacen las farmacias no es una campaña sanitaria. Es un servicio sanitario público, que tiene un coste, el del funcionario público que realiza el trámite y cobra de nuestros impuestos, o el adjunto de la farmacia que cobra del titular, por lo tanto, parece lógico,  que la administración retribuya a las farmacias por los servicios que le presta y se ahorra.

Parece que en Valencia lo entienden así y les aplaudimos por ello. Esperamos que cunda el ejemplo y sean TODAS las asociaciones profesionales nacionales del sector que vayan en una misma dirección.

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